Cuadernos de Ruedo Ibérico/La arbitrariedad en el manejo de la legalidad: la escuela de funcionarios de Alcala
LA ARBITRARIEDAD EN EL MANEJO DE LA LEGALIDAD: LA ESCUELA DE FUNCIONARIOS DE ALCALA.
Sin firma, Cuadernos de Ruedo ibérico 41 – 43, 1975.
Comentado por Ana Azanza
Como se explica en el editorial de este número de los cuadernos “la corrupción sigue a la dictadura como la sombra al cuerpo”. Represión política y corrupción son las manifestaciones del gobierno tiránico. Lo extraño es que la dureza de la represión política nada tiene que ver con la indulgencia del régimen franquista para con los delitos económicos. “Cuando los implicados están directamente relacionados con el poder político esta represión se convierte en una comedia en la que la policía y los jueces juegan el papel de prestidigitadores.”
“Gracias a la represión se mantiene la situación creada desde la guerra civil, de privilegio para los grupos que detentan el poder político en la que nadie puede exigirles públicamente rendir cuentas de su gestión (…) En los últimos tiempos se observa una proliferación de la corrupción a todos los niveles. Parece como si los beneficiarios de la situación tuvieran prisa para enriquecerse por miedo a verse desplazados de ella. Asimismo las disensiones en el bloque dominante hacen que los distintos grupos se intenten parar los pies mutuamente sacándose a relucir los trapos sucios. La divulgación controlada del caso MATESA para frenar la desmesurada expansión del Opus Dei constituyó la primera muestra de esta nueva situación en la que el declive físico de Franco le impedía seguir ocupándose personalmente, como había hecho hasta entonces, de mantener el equilibrio de las distintas fuerzas que participaban en el poder.”
Un ejemplo de corrupción y nepotismo de la dictadura fue la creación y funcionamiento de la Escuela de funcionarios de Alcalá. Dicha escuela empieza a funcionar en 1959, “cuando López Rodó controlaba, desde su puesto de Secretario técnico de la presidencia del gobierno y hombre de confianza de Carrero Blanco, la legislación emitida por este organismo. La cuidadosa adecuación de la legislación a favor de los intereses de la Obra de Dios –adecuación digna de un administrativista- hizo que la Escuela se mantenga hoy todavía como el “último reducto del Opus Dei” en el seno de la Administración, a pesar de haber sido expulsados sus militantes del gobierno y de la dirección de la mayoría de los organismos públicos de importancia.”
“La dificultad que se plantea para desalojar a los miembros del Opus Dei de su reducto de la Escuela de Alcalá reside fundamentalmente en que –a diferencia de lo que suele ocurrir en el resto de la Administración- éstos no han sido nombrados a dedo, sino que ocupan sus cargos en virtud de los concurso-oposiciones, que de forma fraudulenta se habían adjudicado recíprocamente, como se expone en la segunda parte del documento. El primer paso fue la convocatoria, por López Rodó, de un concurso oposición para cubrir la plaza de director de la Escuela, con categoría de Director General. Esta convocatoria anunciada hábilmente el 1 de agosto de 1959 con un plazo de presentación de 30 días- coincidentes con el mes normal de vacaciones de los funcionarios- permitió que el miembro de la Obra de Dios Andrés García de la Oliva se presentara como único concursante y “ganara” este cargo de forma vitalicia, siendo el único Director general de toda la Administración que goza de este privilegio. Si hubiera habido otros concursantes difícilmente Andrés García de la Oliva hubiera podido ganar la plaza dada su manifiesta incompetencia profesional, como lo demuestra el que haya sido incapacitado, por plagiario, para presentarse a oposiciones a cátedra.”
“Cabe señalar que no es tanto el deseo de ejercer un control estricto sobre la selección de funcionarios –como podría desprenderse de la insistencia en este punto del documento transcrito- como la ventaja de aprovecharse de todos los recursos de la escuela, lo que ha empujado a los miembros del Opus a ocuparla. Estas ventajas derivan en su mayor parte del manejo de un presupuesto parecido al de una universidad pequeña, pero con una actividad infinitamente menor. Así además de percibir altas retribuciones y utilizar residencias y comedores, a cambio de un trabajo bien poco exigente, los profesores y demás miembros de la Obra pueden recibir ayuda para financiar sus tesis, utilizar equipos de becarios y mecanógrafas, realizar viajes pagados y establecer contactos con organismos internacionales y con Universidades extranjeras, etc. Todo esto representa una ayuda inestimable para preparar cátedras, publicar trabajos de sus amigos, darles dinero preparándoles cursos especiales bien remunerados y, en una palabra, utilizar la escuela como trampolín. En este aspecto no cabe duda de que la Escuela ha favorecido el asalto del Opus Dei a las cátedras de derecho administrativo. Allí han dado clase López Rodó, Villar Palasí, Guaita, Meilán, Ariño y otros administrativistas que constituyen una escuela que se opone a la de Enterría más liberal, justificando una Administración autoritaria y un estado fascista (como superior al orden neoliberal).”
“En relación con las oposiciones a los cuerpos generales de la Administración, no cabe duda de que les interesaba controlarlas. Pero no para hacer una selección burdamente sectaria que los hubiera puesto en evidencia y dado lugar a escándalo. Lo más que se hacía –salvando algunas excepciones de claro favoritismo- era manejar el orden de los aprobados para dar a sus protegidos un mejor número. El control de las oposiciones también les interesaba para asegurar que los “cursos de perfeccionamiento” posteriores fueran lo más largos posibles, con abundancia de clases, seminarios, etc..., cuya bien remunerada docencia encomendaban a sus amigos.
El comportamiento de los miembros de la Obra de Dios en relación con la Escuela de Alcalá deja fuera de dudas su carácter manipulador y claramente reaccionario, que no se debe olvidar aunque sólo sea por el hecho de que, al ser expulsados del gobierno, algunos de sus miembros hayan pasado a engrosar las filas del antifranquismo e incluso de la Junta democrática.” (…)
Control del acceso a la función pública por parte de López Rodó
“Por decreto de 9 de julio de 1959, siendo Secretario general técnico de la Presidencia del gobierno d. Laureano López Rodó, aparece por primera vez en el Boletín oficial del Estado, el denominado “Centro de formación y perfeccionamiento del Funcionarios” (obsérvese que para nada se habla todavía de selección, ya que ésta correspondía directamente al presidente del gobierno). Curiosamente en el preámbulo del decreto se dice que ya por orden de 22 de septiembre de 1959 se había creado el citado centro, si bien tal orden no fue publicada en el BOE y así se hace constar en el Repertorio de legislación Aranzadi de 1959. ¿Por qué este secreto en la creación del Centro que cuando aparece mencionado por primera vez en el BOE llevaba un año funcionando?
Pero vemos como poco a poco el centro de Alcalá de Henares va extendiendo sus redes a fin de controlar la selección de los funcionarios públicos. En primer lugar desde la secretaría general técnica de la Presidencia del gobierno se instrumenta a partir de 1960 la celebración de pruebas conjuntas para el ingreso en los hoy extinguidos Cuerpos técnicos administrativos dependientes de cada uno de los ministerios y que hasta entonces sólo estos controlaban. Fue así como en los años inmediatamente anteriores a la promulgación de la Ley de funcionarios civiles del estado, el centro de Alcalá empieza a controlar la selección de los funcionarios.
A raíz de la citada ley se crean los llamados Cuerpos Generales, unificándose en cuatro cuerpos los antes dispersos en todos los ministerios civiles y su administración se encomienda a la comisión superior de Personal, y en concreto a su vicepresidente, en quien el ministro subsecretario de la Presidencia del gobierno hace la correspondiente delegación de facultades por Orden de 19 del mismo mes y año, “todo lo relativo al procedimiento para cubrir las plazas vacantes de los Cuerpos generales existentes en los centros y dependencias de la Administración (…)
Fue este el primer contratiempo serio que sufren los esfuerzos del centro de Alcalá, hasta entonces encaminados al total control de la selección de estos funcionarios, ya que el vicepresidente de la comisión superior de Personal no era persona del “Opus Dei” sino vinculada directamente a la persona de d. Luis Carrero Blanco.
Toda una ofensiva se desencadenó entonces a fin de dejar fuera de juego al vicepresidente de la comisión superior de Personal, esfuerzos que alcanzarían pleno éxito como veremos.”
Para ello López Rodó consiguió que Carrero Blanco dé su aprobación al reglamento orgánico del Centro. Se publicó en BOE de 11 de agosto de 1966. En ese reglamento se establecía la competencia del Centro para organizar la selección de los funcionarios, dicho centro organizaría los programas, las pruebas, los tribunales y hasta las órdenes de convocatoria. De un veraniego plumazo López Rodó quitaba de en medio a la Comisión superior de Personal, y desde entonces en España parece que es tradición, hay que tener cuidado con el BOE en agosto, porque suelen salir las cuestiones más interesantes…
En 1967 el Centro del que hablamos pasó a ser “Escuela nacional de administración pública”, con esa denominación crecían sus competencias. Aunque el vicepresidente de la Comisión superior de Personal intentó que se le atribuyeran algunas funciones, bien poco pudo hacer, en la práctica en los tribunales de oposiciones sólo nombraba un representante mientras que los de Alcalá nombraban cuatro.
A partir de 1966 el control de la Escuela de Alcalá de Henares fue total en las pruebas selectivas para ingresar en la función pública. Y en el 69 López Rodó consiguió que fuera nombrado José Luis López Henares como director general de la función pública, ya no le quedaban enemigos por ese lado.
En enero de 1974 el gobierno que había presidido Carrero Blanco, (a la sazón asesinado en diciembre del 73) fue sustituido por otro, y el Opus Dei resultó barrido de los altos cargos. No obstante, la Escuela de Alcalá siguió controlando las pruebas de acceso, cobrando los derechos de oposición (1000 pts. de entonces) y controlando los tribunales.
“A la vista de hechos tan recientes, habremos de llegar a la conclusión evidente de que la escuela de Alcalá de Henares es sin lugar a dudas el último reducto del Opus Dei.”
Control de la propia escuela por la selección de sus profesores
Una de las maneras de demostrar ese control es leer el BOE y comprobar que todas las plazas de profesores se convocaban con la exigencia de haber prestado servicios en la propia escuela, utilizando la fórmula de concurso oposición restringido y no libre.
El primeo en ser nombrado fue el director de la escuela, en el BOE apareció la convocatoria el 1 de agosto de 1959 y había 30 días de plazo, el tiempo de estar de vacaciones. El puesto de director era incompatible con cualquier otra actividad pública o privada. Eso no importó para que el director “interino” para el que se creaba la plaza, Andrés de la Oliva y Castro, trabajara al tiempo como letrado en el ayuntamiento de Madrid, cobrando los dos sueldos, sería mejor decir. Además este cargo se le dio la clasificación de funcionario de carrera, con lo cual es inamovible, mientras que similares puestos eran calificados en la administración de libre designación y remoción.
La siguiente plaza cubierta fue la de profesor de organización y métodos. Se dice en la convocatoria (BOE 11 de agosto 1960) que el tribunal valorará discrecionalmente los méritos de los participantes. Luis Blanco de Tella que ya era el ocupante interino obtuvo su plaza.
El 16 de marzo de 1961 salió a concurso la de profesor de administración económica y financiera. Se recordaba las incompatibilidades de la misma con otras plazas en la función Pública. Ello no fue obstáculo para que la plaza se la dieran a José Luis Villar Palasí que era además letrado del Consejo de Estado, catedrático de la Complutense y catedrático de la Universidad a distancia. Es difícil imaginar cómo podía Villar Palasí atender a tantos trabajos.
Ansón Oliart, Luis Enrique de la Villa Gile, Francisco González Navarro, José Luis Meilán Gil, Victorio del Valle Sánchez, Ariño Ortiz y Manuel Ruiz Cubiles obtuvieron sus plazas de igual manera, en todas las convocatorias era preciso haber desempeñado durante dos años al menos funciones docentes en el mismo centro. En el caso de Manuel Ruiz Cubiles, profesor de métodos y tiempos de trabajo, que ni siquiera tenía título de enseñanza superior pero que ya desempeñaba la plaza desde 1960, se exigía diploma de Administración Pública por una universidad extranjera de reconocido prestigio, no sabemos si cumplía ese requisito.
También para las plazas de técnicos y de administrador, incluso para las de nivel auxiliar se seguían los mismos métodos de exigir la experiencia de trabajo en el mismo centro de convocatoria. A veces sin ni siquiera pedir títulos, como en las convocatorias de auxiliares anunciadas en los BOE de 27 de febrero de 1965 y 10 de octubre de 1967.
En definitiva, en esa escuela en 15 años, no se convocó ni una sola plaza por el procedimiento de oposición libre. Y dado que todos los que prestaban servicio en la escuela habían sido designados a dedo, se puede concluir sin temor a equivocarse que la selección de funcionarios de dicha escuela estuvo por completo controlada y manipulada.