Argentina: el Opus Dei logró un ministro de Justicia

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Por Emilio J. Corbiére y Federico Corbiére (exclusivo para ARGENPRESS.info, fecha publicación: 20/05/2003), Argentina


Los ministros de Néstor Kirchner presentan un favorable perfil que supera, en parte, la etapa menemista, duhaldista y del gobierno de Fernando de laRúa. Hay, sin embargo, una discutible designación, la de Gustavo Béliz, ex ministro del Interior de Carlos Menem y que expresa a la secta franquista denominada Opus Dei, como lo demostró en aquella gestión.

El presidente Néstor Kirchner, torpedeado por una clase política decadente, por banqueros mafiosos, el gobierno norteamericano a través del Consejo para las Américas, y otros grupos de poder, a los que se suma una parte importante de la prensa al servicio de intereses espurios, ha designado a sus ministros y principales colaboradores.

Hay solo dos duhaldistas netos: José Pampurro (Defensa) y Aníbal Fernández.



Ginés González García (Salud) y Roberto Lavagna (Economía y¨Producción) no puede incluírselos dentro del aparato duhaldista. Se trata de técnicos. González García es odiado por los laboratorios multinacionales por su ley de genéricos y a Lavagna, todos los grupos reaccionarios del establishment, incluido los diarios Ambito Financiero, Infobae, El Cronista -amigo del Opus Dei-, y la prensa menemista (Radio 10, Canal 9 TV) le atribuyen temerariamente ser un populista y neokeynesiano. En realidad, ambos, provienen de lo que alguna vez fue la renovación peronista de mediados de los años ochenta.

Otro tanto ocurre con Rafael Bielsa (Canciller) que es un ex frepasista y también procedente de aquella renovación. Es un sólido jurista. En cuanto a Daniel Filmus (Educación) posee importantes antecedentes como docente procedente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y constituye una buena noticia, como la de González García, en el nuevo gabinete.

Carlos Tomada (Trabajo) es un laboralista que procede del campo profesional relacionado con los sindicatos. La suya será una tarea muy dura ya que enfrentará, directamente, con el ministro del Interior, la contestación social que se avecina. Es amigo del que fue ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez, que procedía de la extrema izquierda sesentista pero luego evolucionó hacia un peronismo sui generis.

Vienen después los amigos del presidente, figuras y personalidades de su absoluta confianza. En primer lugar la sorpresa que ignoraba hasta el mismo Duhalde. A la SIDE ( Servicio de Inteligencia del Estado) irá Sergio Acevedo, por lo menos hasta fin de año, porque piensa proponerse como candidato a gobernador por Santa Cruz. Lo de Acevedo es para cuidar las espaldas de Kirchner, especialmente de la misma SIDE, donde pululan elementos residuales de la dictadura, aventureros, menemistas y otros grupos de mano de obra desocupada.

Oscar Parrilli (Secretario general de la Presidencia), un neuquino amigo del presidente; Aníbal Fernández (Ministro del Interior) que junto a Acevedo es gente de mucha confianza de los Kirchner -marido y mujer-; Julio de Vido (Planificación federal, Inversión Pública y Servicios (fue ex secretario de Gobierno de la provincia de Santa Cruz); Alicia Kirchner (Desarrollo Social y Coordinación), hermana del presidente y especialista en cuestiones de pobreza y sociedad, con varios master a su favor y la experiencia que tuvo en el gobierno de Santa Cruz.

Un grupo de ministros muy homogéneos. Habrá que ver como funcionan y cual será el programa político, económico, social y cultural de Kirchner, en medio de la tempestad.

El Caso Béliz

Gustavo Béliz merece un tratamiento especial por su vinculación con el Opus Dei, organización neofranquista de origen español que regentea en la Argentina la Universidad Austral, donde Béliz es profesor.

La Argentina es un país curioso. El mismo día de la designación de Béliz, por Radio Mitre se transmitió un programa sobre la apertura de las fosas comunes en España que datan de los crímenes del fascismo español durante la tiranía de Francisco Franco. En Buenos Aires, un cuadro del opusdeísmo asume, nuevamente, como ministro. En fuentes cercanas a Kirchner, se dijo a ARGENPRESS.info que es probable que el nuevo presidente aliente la candidatura de Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires. Sacar del ruedo político a Rafael Bielsa y a Gustavo Béliz habría sido una solución.

Desde luego que no se puede vincular a Béliz con los crímenes de Franco pero su vinculación con el Opus Dei es alarmante. Cuando fue ministro de Menem introdujo una decena de funcionarios de ese signo en el Ministerio del Interior. Ahora la Obra irá por más, como es su costumbre. Veamos de que se trata esta historia.

Ante los ojos de Dios

No pocos fieles a las revelaciones de Camino persiguen con singular fervor el cumplimiento de las obligaciones religiosas observadas por Escrivá de Balaguer. Creen ganar el cielo al amparo del poder y carecen de ecuanimidad a la hora de revisar sus actos. Son los nuevos cruzados de la Iglesia Católica que lejos ya de su historia de hierro y plomo prefieren salvaguardar los intereses de la Santa Sede, desde Roma con el cardenal Sodano como ángel custodio de las cuentas del Vaticano, secundado por Joaquín Navarro Valls en el área estratégica de marketing comunicacional y, en el resto del mundo, fagocitando a sus cuadros políticos y empresarios.

No es casual que haya sido 1990 el año elegido para fundar la monumental Universidad Austral, especializada en medicina, ciencias económicas y periodismo; y de donde se supone surgirán los nuevos escuderos opusdeístas para integrar una nueva elite dirigencial.

Resulta menos llamativo todavía que el terreno donde está edificado el campus de Pilar sea una donación de otro favorecido en esos años, el empresario opusdeista Gregorio Pérez Companc; y que entre sus docentes la Universidad haya contado con la presencia del ex militante de Tacuara y polifuncionario menemista Rodolfo Barra; del ex ministro del Interior y amigo de la familia Trusso, Gustavo Béliz; además del actual director del Master en Derecho Administrativo y auditor de la Armada en tiempos de dictadura, el capitán de fragata (R), Julio R. Comadira.

En julio de 2001, en un congreso dedicado a la vida y obra de Escrivá de Balaguer organizado por la Unversidad Austral, no faltaron políticos y legisladores nacionales identificados con el Opus Dei. Participaron Viviana Negri de Alonso, senadora por San Luis y funcionaria de confianza de Adolfo Rodríguez Saá; el diputado tucumano Roberto Lix Klett, leal a Domingo Bussi -líder del partido Fuerza Republicana e interventor durante el último proceso militar-; y el ex gobernador salteño Roberto Ulloa, entre otros. [1]

Descorrer el velo de la piadosa santificación del trabajo y de la vida ordinaria, como su vocero en Argentina, Miguel Angel Martínez predica, permite dudar sobre los verdaderos objetivos del Opus Dei; y muestra la doble moral de los dirigentes y parte de sus fieles que asimilan dinero y poder con religión, para legitimar su conducta.

¿Escrivá de Balaguer habrá sido el representante de Dios en la tierra y monseñor Carlos Nannei su heredero en la Argentina? ¿Buscan volver del poderío romano anterior a la Revolución Francesa, en base a los errores del intento restaurador del Congreso de Viena de 1814, que llegó a su fin luego de los chispazos revolucionarios de julio de 1848, cuyo idealismo romántico condujo a la Joven Europa?

Probablemente se trata de un plan restaurador debidamente organizado que a falta de trono busca una nueva alianza de las elites gobernantes con el altar. O quizá sea sólo un club de negocios de un pequeño grupo apoyado en la ingenua devoción religiosa de miles de católicos practicantes; aunque algunos operadores dirán que la participación de opusdeístas en los hechos expuestos a continuación es pura coincidencia. Lo cierto es que con el correr de los años la Obra de Dios ha logrado una acumulación de poder político y económico descomunal.

Béliz al gobierno, el Opus al poder

A veces el constante reordenamiento del mapa político suele crear confusiones sobre la transparencia e intencionalidad de los funcionarios públicos. El caso de Gustavo Béliz es uno más en medio de la ensalada ideológica que intenta sostener a los partidos. Su filiación político-religiosa y espectacular ascenso a los más altos peldaños del poder durante el gobierno menemista, despiertan una sospecha cierta sobre el posible tráfico de influencias en torno a su figura, especialmente al comienzo de su vida política.

Béliz no es el primer experto en dar vueltas en el aire y cambiar de frente, sin embargo sus primeros pasos en la gestión pública le han dejado cicatrices imposibles de disimular y con una particularidad distinta a las del resto de sus colegas: la marca del Opus Dei. Gustavo era un pibe brillante. La apasionada lectura de las crónicas deportivas de la revista El Gráfico lo mantenía lejos del aroma a muerte que impregnaba aquellos días en que cursó sus estudios en el Comercial de San Fernando. Festejó con alegría el campeonato mundial de 1978 y, un año después, mientras terminaba el secundario, ingresó al periodismo en la revista de sus amores.

Se anotó en el Instituto Grafotécnico pero enseguida eligió por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Luegotrabajaría en varias revistas y, entre 1985 y 1989, en el diario vespertino La Razón bajo la tutela de Jacobo Timerman.

Pero su suerte ya estaba echada. En 1982, con 19 años había conocido al sacerdote uruguayo del Opus Dei, Ricardo Rovira. Y un año antes a Carlos Saúl Menem en su propio estudio jurídico y búnker político. Casualmente, Menem perseguiría hasta el cansancio al maestro de periodistas y fundador del diario La Opinión durante los últimos años de su vida.

El entonces presidente logró que la Corte Suprema de Justicia ordenara reabrir en 1996 un caso por calumnias e injurias contra Jacobo Timerman, que terminó en su pedido de captura. El periodista, absuelto en primera y segunda instancia, creyó tener un panorama poco favorable, renunció a su defensa y se radicó en Punta del Este. Por esos días ya se hablaba de una mayoría automática de raíz oficialista, con Antonio Boggiano entre los cinco jueces supuestamente complacientes. Muchos aseguran que ese magistrado impulsado por los obispos Antonio Quarracino y Ubaldo Calabresi (nombrado con la ampliación del máximo tribunal a nueve miembros) también pertenecería con la Prelatura.

En 1989, Carlos Menem designa a Gustavo Béliz como secretario de la Función Pública y en 1992 es elevado a ministro del Interior en reemplazo de José Luis Manzano. Ese mismo año la Cámara Junior de Buenos Aires lo elige como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina. Pero un nuevo giro sorprendería al entorno menemista. El premiado hijo de un empleado bancario que había recibido la orden del mérito con su designación ministerial renunciaría a los nueve meses alegando falta de integridad en sus jefes.

Dueño de una imagen pública intachable, a fines de 1992, edita el best seller Vale la pena. Adiós a la vieja política. Es electo en 1997 legislador porteño y luego de una fallida alianza con el entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, pacta con Domingo Felipe Cavallo para integrar la fórmula electoral que el nuevo frente presentaría en la Ciudad de Buenos Aires. Las ofensivas reivindicaciones al Proceso de Reorganización Nacional y del accionar de Jorge Rafael Videla por parte de la candidata cavallista Elena Cruz aceleran la ruptura del pacto entre Nueva Dirigencia y Acción por la República.

Para las elecciones nacionales de octubre de 2001 el Frente Nuevo País une a Gustavo Béliz, candidato a senador, con la tristemente célebre candidata a diputada por negar el cobro de una jubilación de privilegio, Irma Roy. La lista de diputados incluye también al titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, Santiago de Estrada, señalado en 1994 por el periodista Jorge Lanata como miembro de la Obra. [2]

El corto paso de Béliz por en el Ministerio del Interior había sido suficiente para concretar la operación de avanzada opusdeísta. De la mano Aldo Omar Carreras, ex dirigente de Guardia de Hierro y por entonces subsecretario de Población, varios miembros de la Obra se apostaron en la segunda línea de esa cartera ejecutiva. Entre ellos los supernumerarios Guillermo Heissinger, subsecretario de Coordinación y Juan Franchino, subsecretario de Sistemas de Información; el numerario Andrés Zuriani, jefe de Gabinete; Diego Blasco Fúnes, también numerario, a cargo de la secretaría General; y otros acólitos como el secretario privado, Fernando Sotz, y el jefe de gabinete, Jorge Passardi [3].

Algunos de esos nombres seguirían reapareciendo. Diego Blasco Fúnes, amigo personal de Juan Miguel Trusso y Gustavo Béliz, sería subdirector de Negocios de la tarjeta de crédito Carta Credencial, luego de la liquidación de activos y pasivos del quebrado Banco de Crédito Provincial (BCP). Aldo Omar Carreras y el incorruptible ingeniero Juan Franchino aparecerían durante la controvertida licitación del Proyecto DNI, además de continuar en diversos cargos públicos.

Aquel adiós a la vieja política representaba para Béliz el fin de uno de los capítulos más oscuros en su historia personal. Pagado el derecho de piso no estaba obligado a complicarse en la caída del Banco de Crédito Provincial (BCP), propiedad de viejos conocidos.

Béliz, Trusso y las denuncias de Octavio Frigerio

A fines de 1997, el aspirante justicialista a la legislatura porteña Octavio Frigerio inició una causa contra su adversario Gustavo Béliz por averiguación de ilícito. Aseguró que Béliz fue lobbista del clan Trusso mientras se desempeñó, primero, como secretario de la Función Pública y, mas tarde, como ministro del Interior. Según dejó deslizar el denunciante, Béliz habría dado sostén político a Francisco Trusso para su designación vaticana a expensas de ciertas comodidades y beneficios económicos por parte del titular del BCP.

Yo hace cuatro años que no tengo relación con los Trusso y jamás aportaron un peso para ninguna de mis campañas, alegó Béliz, a la vez que calificó la denuncia como pieza de una campaña sucia oficialista.

Luego de ratificar y ampliar sus dichos ante el juez Larrain en la causa Nº 427383, iniciada el 13 de octubre de 1997, Frigerio declaró a Radio News que Béliz movió influencias a favor de Francisco Trusso a cambio de favores económicos.

Sostuvo que, entre 1989 y 1993, Béliz ocupó en forma gratuita un dúplex del grupo Trusso ubicado en la calle Juncal, además de señalar que él y parte de sus colaboradores hacían uso irrestricto, sin límites de gastos, de tarjetas Carta Credencial, una empresa de tarjetas de crédito cautiva del BCP. Tarjetas cuyo monto pagaba a fin de mes el grupo Trusso.

Frigerio aseguró que Béliz actuó como lobbista del grupo Trusso, proponiendo al presidente (Carlos Menem) el nombre de Francisco Trusso como embajador de la Argentina ante la Santa Sede, además de señalar que el imputado no puede exhibir ningún recibo de alquiler y, tampoco, ni un solo recibo de pago de su tarjeta Carta Credencial. [4]

Gustavo Béliz fue absuelto por falta de pruebas. Tampoco se atestiguó nunca que Octavio Frigerio, cuestionado por presuntas irregularidades en la administración y gestión en el envío de soldados argentinos a las misiones de paz de los cascos blancos, haya cometido delito alguno. Pero todos sabemos que la política argentina no es apta para carmelitas descalzas; menos aún durante el menemato, época de corruptelas estructurales y negocios poco claros.

Vale destacar que Béliz y Frigerio surgen del mismo riñón partidario. Y no deja de sorprender que el cardenal Antonio Quarracino, monseñor Roberto Marcial Toledo y el arquitecto laico Norberto Silva, ambos secretarios del entonces titular del Arzobispado de Buenos Aires, hayan poseído tarjetas de crédito también presuntamente saldadas por el banco de la familia Trusso.

Los banqueros de la Iglesia

Si tener cuenta corriente en un banco, si confiar en el manejo que de ellas se haga, si aceptar algún regalo, que a uno le costeen un viaje, si creer en la amistad, en fin, es un pecado... Bueno, ¡reconozco que pequé! Pero de ahí a atribuirme complicidad, negocios turbios, un aval de fraude que perjudique a mis hermanos, creo que es a esta altura de mi vida simplemente sumergirme en la congoja, en un dolor inexpresable, terrible, declaró Antonio Quarracino cuando todos los indicios lo señalaban como responsable de una estafa por 10 millones de dólares relacionada con la quiebra del BCP. [5]

El hundimiento del Banco de Crédito Provincial se vio signado por un desfile de miembros influyentes de la Iglesia, abogados y hombres cercanos al poder. Sus principales protagonistas fueron Renato Dalle Nogare, Francisco Javier y Pablo Trusso; además del clérigo Roberto Toledo. La estafa redondeó los 200 millones de dólares. El dinero nunca apareció. El 21 de agosto de 1997 la justicia platense suspende al BCP por la causa que investiga la quiebra fraudulenta de entidad financiera. Francisco Javier y Pablo Trusso eran los socios principales con más del 50 por ciento de las acciones. Su hermano Juan Miguel no integraba formalmente el directorio pero se desempeñaba como asesor legal de la empresa familiar, además de ser el vicedirector de Cáritas Buenos Aires.

El 1º de noviembre Pablo Trusso, ex tesorero de Cáritas, y otros nueve directivos son detenidos por los delitos de asociación ilícita, defraudaciones reiteradas y falsificación de instrumento público. Francisco Javier Trusso y Renato Dalle Nogare escapan de la justicia esperando tener la misma suerte que José Rafael Trozzo, prófugo en México y responsable por el vaciamiento del Banco de Intercambio Regional (BIR), a comienzos de los 80. Curiosamente, uno de los asesores del BIR era Francisco Eduardo Trusso -padre de Francisco Javier, Pablo y Juan Miguel-, que además actuaba como director de la sucursal Buenos Aires del Banco Ambrosiano, cuya quiebra dejó al descubierto un desfalco por más de 1000 millones de dólares. Ambos datos fueron reconocidos por Trusso ante las periodistas Olga Wornat y Alicia Galimany durante una reunión un día del verano de 2001, en su departamento de Arrollo y Suipacha. ¡Entre Trozzo y Trusso nos hicieron trizas!, refunfuñó masticando bronca un prestigioso jesuita que aún confía en la integridad de la Iglesia Católica como institución dedicada a la enseñanza religiosa y al trabajo social.

Trozzo, vinculado comercialmente a la firma Sasetru, para algunos cercana a la estrategia de los amigos del Opus Dei, usó como interlocutor ante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, al general Guillermo Suárez Mason, asociado a la fascista logia Propaganda Due (P-2). Casualmete, Pajarito Suárez Mason y Francisco Eduardo Trusso fueron condiscípulos en el Colegio La Salle [6]. En épocas de dictadura, Trusso representaría a la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en tanto su viejo colega conspiraba al mando el 1º Cuerpo del Ejército.

Según diversas fuentes, el fraude del Banco de Crédito Provincial sumó 21mil créditos a nombres falsos copiados de la guía telefónica y en orden alfabético, por 64 millones de dólares presentados como activos propios ante el Banco Central de la República Argentina; 16 millones en la falsificación de saldos de tarjetas de crédito; más otro desvío por cuentas off shore de 100 millones.

Francisco Javier Trusso fue detenido en Brasil en agosto de 1999 mientras alquilaba un departamento en el distinguido barrio paulista Higienópolis, que costaba 3500 dólares mensuales. En diciembre de 2000, aprovechando la supuesta distracción de su único custodio, José Paraizo, escapó de una clínica de San Pablo a la que había sido trasladado tras simular un fuerte dolor en el pecho. Poco después es recapturado. El otro prófugo, Renato Dalle Nogare, es descubierto por la guardia civil española vendiendo filtros para piletas en las costas de Barcelona en marzo del año 2000. La investigación alcanzó también a Juan Miguel Trusso, involucrado en presuntas maniobras con depósitos enviados al exterior y sospechado por otra estafa relacionada con la transferencia al BCP de las acciones de la Inversora Recoleta S.A., dueña del un tercio del shopping Buenos Aires desing.

Detenido el 1º de noviembre de 1999 en el destacamento policial de la localidad El Pato, la jueza actuante Marcela Inés Garmendia consideró la falta de elementos suficientes para basar una acusación de asociación ilícita y fijó una fianza de 100 mil pesos. Juan Miguel Trusso recuperó la libertad por orden de la Sala III de la Cámara Penal, tras un confinamiento de 25 días. Sin embargo, la imputación por administración fraudulenta y estafa siguen vigentes.

Para esa fecha instituciones dependientes del clero habían sufrido importantes pérdidas. 500 mil pesos congelados de los fondos de Cáritas, 100 mil de la Universidad Austral del Opus Dei y otros 100 mil a la orden de la Comisión Pro Catedral para la refacción del histórico santuario ubicado en el viejo casco de la Ciudad de Buenos Aires.

Más llamativa resultó la imputación contra monseñor Roberto Marcial Toledo, ex secretario privado del cardenal Antonio Quarracino y vicario general de la diócesis de Avellaneda, detenido también en noviembre de 1999 y excarcelado bajo caución juratoria. El cargo contra el prelado fue por el delito de administración fraudulenta calificada, debido a un retiro de la cuenta corriente del Arzobispado en el BCP, por la suma de 700 mil dólares en un cheque con su firma. [7]

Dos años antes su nombre y el del secretario laico, el arquitecto Norberto Silva, giraron en torno a otro escándalo relacionado por un préstamo de 10 millones de dólares concedido por la mutual Sociedad Militar Seguros de Vida (SMSV) al Arzobispado, con aval del ex BCP. Silenciosamente y en forma paralela, los mismos fondos terminaron en las arcas de la entidad bancaria mediante un segundo préstamo otorgado a los Trusso. Antonio Quarracino negó hasta su muerte su participación en la maniobra supletoria y tampoco reconoció la rúbrica -certificada por el BCP- en la documentación que lo obligaba como deudor ante la presunta mesa de dinero administrada por militares retirados. Durante su detención, monseñor Toledo aseguró haber confiado firmando dos cheques en blanco a los Trusso. De esta forma el consagrado relativizó su responsabilidad por el cobro de los cheques a la orden del BCP, de 5 millones cada uno.

La asociación de retirados castrenses inició una querella contra el Arzobispado. En el allanamiento de la Curia ubicada en Rivadavia 415, los peritos contables judiciales inspeccionaron los balances del año 1997. La falta de asiento en los libros del Arzobispado de ese movimiento millonario fue justificada según Toledo, por tratarse de una cuenta personal del cardenal. El estudio de abogados manejado por ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, intercedió a favor de los religiosos y, misteriosamente, la Iglesia y esa mutual de viejos hombres de armas acordaron resolver la disputa e iniciar acciones contra la entidad bancaria.

A juzgar por las declaraciones de Antonio Quarracino y monseñor Toledo, sus buenos oficios para en la concreción de una audiencia entre Juan Pablo II y altos directivos de la SMSV, pagados por los Trusso, nada tendrían que ver con el préstamo antes mencionado, entre otras operatoria financieras. Luego de la estrepitosa caída del BCP, Toledo acusó a Francisco Javier Trusso de traición contra su persona y la de Antonio Quarracino, pero no rasgó sus vestiduras cuando se le recordó un viaje a Nueva York con alojamiento en un lujoso departamento del Hotel The Pierre, en Manhattan, con limosina y cargos de tarjeta también por cuenta de los Trusso. Sostener que un sacerdote miente sería sumergirlo en una desvergüenza eterna. Y en el caso de comprobarse tal pecado ninguna congregación católica podría resguardarlo. Nadie resultó excomulgado, por tanto sospechar que tales regalos recibidos fueron devoluciones de favores -como la recomendación de Francisco Eduardo Trusso para representarnos en el Vaticano- o compromisos a futuro -entiéndase cheques firmados en blanco- sería una blasfemia que en ningún caso se desea cometer. Precisamente la intención de este libro es preservar a los justos de quienes perpetran oficios poco santos.

Los herederos del BCP

Como aquellas aves desprovistas de plumaje que planean por corrientes cálidas y se alimentan de carroña, diversos hombres públicos ligados a otros entramados de poder muy cercanos al cavallismo explotaron el cierre del BCP. El 13 de noviembre de 1997 sobre las ruinas del banco platense se constituye el Mercobank (MKB). Nuevos conflictos financieros perjudicarían los intereses de empresas afectadas al Vaticano que no encontrarían aliados en el nuevo directorio.

Horacio Tomás Liendo (h), hijo del general que fuera ministro de Trabajo y del Interior durante las dictaduras de Jorge Rafael Videla y Roberto Viola ocuparía su presidencia. Liendo (h) cobró 660.000 dólares del millón y medio de honorarios fijados a ese directorio. Su estudio jurídico había participado en todas las negociaciones para la creación del MKB. Casualmente su hermano Gustavo se había desempeñado como gerente de Asuntos Legales del BCP y fue mencionado en las acciones penales y civiles que las socias del BCP, Fiorini Sistema y Fiorini Investiment iniciaron durante el proceso de capitalización que derivó en la constitución del MKB.

La disputa giro en torno a una transacción fallida que no se efectivizó por falta de cumplimiento del BCP, según alegaron los empresarios italianos. Entre esos activos están el edificio del ex Banco de Italia y tercio del paquete accionario del shopping Buenos Aires Desing. En noviembre de 1999 la jueza Marcela Inés Garmendia demostró que las acciones de Emprendimientos Recoleta pertenecían al grupo Fiorini. Actualmente el Banco Provincia tiene los bienes bajo su dominio pero nunca pudo escriturarlos.

En septiembre del año 2000 el MKB cierra sus puerta arrojando pérdidas por casi 80 millones de dólares.

La ley del dinero

Al inicio de la Causa Penal las actuaciones del juez Juan Carlos Bruni (h) confirmaron que la familia Trusso explotó sus relaciones en el Vaticano para hacer negocios con la Iglesia Católica Argentina. Los respaldaba el Banco Monte di Paschi di Siena, el más antiguo de Italia [8]. Una vez descubierto el desfalco aquella solidez emblemática se esfumaría. Pero la situación procesal de los implicados no dependería sólo de la pericia de los abogados defensores. Aquellos viejos buenos tiempos en que Juan Miguel Trusso jaraneaba con Gustavo Béliz en Punta del Este habían terminado. De esa relación sólo quedaba un amigo común, el opusdeísta Diego Blasco Fúnes que apenas pudo ocuparse de la tarjeta Carta Credencial, una vez separada de los activos del BCP. Tampoco sería conveniente ya la buena relación de Francisco Javier con Amalia Lacroze de Fortabat o con Ramón Hernández, entonces secretario privado de Carlos Menem, a quien frecuentaba semanalmente en el Hotel Alvear. Menos aún lo ayudarían sus conexiones que llegaron a reunirlo con los reyes de España. En tanto la Iglesia local lo quería bien lejos y con la boca cerrada.

Mientras el hábil operador menemista que arbitró en los 90 las leoninas privatizaciones de las empresas públicas, Roberto Dromi, cuidaba las espaldas de monseñor Toledo, muchos abogados de renombre que desfilaron por las causas contra el clan Trusso. Jorge Anzorregui, hermano del entonces jefe de la SIDE, fue el primero en defenderlos. Luego aparecerían Francisco Castex y Ramiro Pérez Duhalde, en aquel momento vicedecano de la Facultad de Derecho, como patrocinantes de Juan Miguel Trusso.

Con el cambio de siglo y de signo político en el gobierno aparecieron nuevos personajes. Por la defensa de Francisco Javier Trusso también pasaron dos penalistas de alto impacto mediático y de reconocido mérito a la hora resolver a su favor complicados laberintos jurídicos, primero Mariano Cúneo Libarona y luego Fernando Burlando, además de la participación del abogado Gonzalo Díaz Cantón. Mencionados continuamente en el ambiente farandulero, Cúneo Libarona logró su pico de popularidad en su actuación como patrocinante de Guillermo Cóppola en el caso del jarrón con cocaína; y el siempre bronceado, Fernando Burlando, la obtuvo con la absolución, contra todas las conjeturas, de Alfredo Pesquera, acusado de provocar el accidente en el que falleció el cantante cuartetero Rodrigo Bueno.

Francisco Javier Trusso estuvo por largo tiempo en rebeldía ante la justicia platense evitando su inexorable extracción desde Brasil. Una vez trasladado a la Argentina Trusso insistió en no comparecer ante la justicia.

Hasta la fecha de cierre de este libro en marzo de 2002 el estado de la causa era bastante confuso. Diversos artículos periodísticos anunciaban la inminente liberación de Francisco Javier Trusso y de Renato Dalle Nogare presos en la Unidad Penal [9] de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fuentes tribunalicias que negaron esos transcendidos, explicaron que los últimos días de diciembre de 2001 la Sala III de la Cámara penal de la Plata determinó que no existió asociación ilícita en la causa que se investiga la quiebra fraudulenta del BCP y mantuvo la acusación por estafas reiteradas, delito excarcelable que beneficiaría a Trusso y Dalle Nogare. La Sala III, integrada por los camarista Carlos Silva Acevedo, Alfredo Sanucci y Armando Correa, estableció que no había suficientes elementos probatorios, en tanto se anunciaba la posible incompetencia de la magistrada platense Marcela Inés Garmendia. Hasta mediados de febrero, la jueza Garmendia que aún continuaba a cargo del proceso, rechazó los insistentes pedidos de excarcelación por considerar que los únicos dos detenidos podrían eludir la acción de la justicia habida cuenta la magnitud de las penas de comprobarse los ilícitos y el antecedente de fugas anteriores.

Los camaristas dispusieron el sobreseimiento de los ex directivos de BCP, María Luján Andrade, Patricia Mulhall y Tarquino Della Nogare, sobrino del detenido, que manejaba las operatorias al exterior. No obstante, de resolverse una sentencia condenatoria varios imputados en el proceso podrían volver a la cárcel, entre ellos monseñor Roberto Toledo, otros integrantes del directorio del BCP, Pablo y Juan Miguel Trusso. Pero como ocurre generalmente en los fraudes en que aparecen involucrados miembros allegados del Opus Dei, la mayoría de los acusados terminan recuperando su libertad.

Documentos por favor

La historia negra del intento licitatorio para la creación de un nuevo documento de identidad inviolable, parece estar escrita con tinta invisible y protagonizada por super agentes del recontra espionaje. Las figuras estelares Alfredo Yabrán y Francisco Macri esta vez ocupan un rol secundario en una trama secreta que involucra actos heroicos, agentes dobles, padrinos políticos y consejeros formados a la sombra de elementos autoritarios.

¿Qué tienen en común el subsecretario de Empleo del interinato duhaldista, Aldo Omar Carreras, y el síndico general de la Nación también de ese gobierno provisional, Julio Cesar Comadira, además de surgir de las mismas entrañas del Opus Dei? Que los dos hicieron carrera en el menemismo y supieron aggiornarse a los nuevos tiempos. Que tienen una formación académica impecable y que ambos participaron en la licitación del sistema nacional de identificación y registro del tránsito fronterizo, junto a otros opusdeístas como Rodolfo Barra y Juan Franchino.

Una minuciosa investigación iniciada por el periodista Miguel Bonasso desenredó el entramado de intereses económicos en medio de un juego de influencias cada vez más complicado [10]. El asesinato de José Luis Cabezas torció el camino de la licitación. Pero la tromba política que desató tal crimen convirtió en mala palabra el apellido Yabrán y a quienes lo rodearan.

Carlos Corach repartió nuevamente las cartas marcadas y, casualmente, apostados en diferentes frentes estaban los hombres del Opus Dei. Sólo un jugador se animó a patear el tablero.

En agosto de 1994, el presidente Carlos Menem y el ministro del Interior Carlos Ruckauf firmaron el decreto 1310 que habilitó el Proyecto DNI, fundamentando entre otros motivos la necesidad de mejorar la seguridad los controles fronterizos. También fue una de las imposiciones de la administración de Bill Clinton a la Argentina para eximir del requisito de visa a quienes visitaran Estados Unidos -que fue limitada nuevamente en febrero del año 2002 con el pretexto de extremar las medidas de protección a raíz de los atentados sobre las torres gemelas-. Quien se adjudicara tal licitación sería responsable de la confección de los documentos -y su distribución-, el control migratorio y la elaboración de los padrones, en un negocio que en 1997 alcanzaba los 600 millones de dólares.

Tres grupos empresarios se presentaron en a concurso: la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por Itron S.A., SHL Systemhouse, TRW Systems Ovearseas Inc y Malam Systems Ltd.; su principal oponente encabezada por Siemens, asociada a la imprenta Boldt; y una tercera que fue descalificada en la primera etapa, formada por Ivisa-TTI, del grupo Bulgheroni. Ivisa-TTI tenía buenas perspectivas hasta que se desató el escándalo de las coimas que involucró a funcionarios del Banco Nación con la firma nortamericana IBM, su socia en la licitación. De ganar la Unión Transitora de Empresas, la compañía OCA postal perteneciente a testaferros de Alfredo Yabrán se ocuparía de repartir los documentos. La empresa informática de los Macri, Itron, actuaría como cabeza integradora junto a SHL, TRWdigitalizaría las huellas digitales y la firma mixta israelí Malam, de sobrada experiencia en documentación y controles fronterizos, sería el otro soporte informático.

Contra todos los pronósticos, en noviembre de 1998 el Estado nacional termina firmando el contrato con la alemana Siemens, que había ganado luego de infinitas postergaciones y el rechazo de una contundente impugnación presentada por Malam. Los informes técnicos y jurídicos iniciales le otorgaron el más alto puntaje a la UTE liderada por Itron y todo parecía andar sobre rieles, cuando empezaron las dificultades. Siemens tenía también amigos influyentes y empleados de lujo, como el abogado Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia y actual Auditor General de la Nación. O el empresario Carlos Sergi, representante en Argentina de Printac, empresa que se dedica a procesar huellas digitales informatizadas, una de las sofisticadas exigencias del pliego licitatorio. Sergi era muy amigo del entonces presidente (CEO) de Siemens Argentina, Luis Rodolfo Schirado. Y también del director de Migraciones Hugo Franco quien, de acuerdo a lo que dice la impugnación de Malam, habría producido un brusco cambio en el expediente, con la clara intención de privilegiar la situación de uno de los oferentes, Siemens S.A.. (...) En el nuevo frente de tormenta se alzaba también el dictamen jurídico de Julio Comadira, un abogado que Menem incorporaría al Consejo de la Magistratura y en tiempos de la dictadura fue auditor de la Armada. Según el escrito de Malam, fue el único informe jurídico adverso a la propuesta de Itron, explica Bonasso en su artículo.

Lo llamativo del caso es que Carlos Corach desde el ministerio del Interior es quien rechaza la impugnación de Malam por considerar que representaba sólo a una parte de la UTE. Que Julio Cesar Comadira era uno de sus asesores. Y que el entonces consejero de Siemens había tenido bajo su tutela a Comadira cuando el marino pasó a retiro para comandar la dirección de Asuntos Jurídicos de la vieja cartera de Obras y Servicios Públicos, durante la gestión del ministro Roberto Dromi y de su segundo Rodolfo Barra.

Casualmente el capitán de fragata de la dictadura y el viejo militante de Tacuara pertenecen al Opus Dei. Casualmente el profesor Aldo Omar Carreras había participado de una comisión evaluadora; y, casualmente, Juan Franchino había integrado otro grupo paralelo. Por esas cosas de la vida Franchino y Carreras habían sido funcionarios de Gustavo Béliz que también por casualidad integra las filas del Opus. Casualmente, Comadira había asesorado a Dromi para el desguace del Estado; y, casualmente, el estudio de Dormí ejerció la defensa de monseñor Toledo en otro caso donde fueron procesados viejos conocidos de Béliz.

Pero no fue tan casual que Juan Franchino presentara informes opuestos a los que favorecieron a Siemens. El ingeniero en Sistemas ya había obtenido fama de incorruptible y de excelente funcionario público a principios de los 90 cuando denunció el supuesto negociado de los DNI de factura francesa. También es importante destacar que la comisión evaluadora en la que participó el entonces subsecretario de Población, Aldo Omar Carreras, se disolvió rápidamente a fines de 1997, al resistir a ciertos procedimientos de apariencia poco regular. De la actuación de Carreras no surgen argumentos para cuestionar su idoneidad. Al contrario, durante su paso por esa secretaría enfrentó al entonces titular de migraciones, Hugo Franco, cuando este impulsó un proyecto de delación que contemplaba recompensas a quienes denunciaran a extranjeros indocumentados. Ambos quedaron desalineados en la ofensiva opusdeísta. Entonces el Octopus Dei extendió los tentáculos de sus hombres más duros. Aquellos que en su juventud adoptaron el saludo romano y otros colaboracionistas de interregnos militares.

En los setenta, Julio Cesar Comadira fue asesor jurídico de la Armada. Obtuvo el cargo de capitán de fragata y pasó a retiro el 1 de agosto de 1989. Fue director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Obras y Servicios Públicos. Subrogó por el ministro del Interior en el Proyecto DNI. Asesoró también a Raúl Granillo Ocampo durante su gestión en el ministerio de Justicia y representó al ejecutivo menemista en el Consejo de la Magistratura. Apenas llegado al sillón presidencial, Duhalde lo designa síndico general de la Nación. Actualmente es profesor de las universidades nacionales de La Plata y Buenos Aires, en la Universidad Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino de Mar del Plata y dirige el postrado en Derecho Administrativo de la Universidad Austral -cargo que ocupara Barra en 1991- [11].

En septiembre de 1997, una nueva postergación hasta el 3 de mes siguiente dilataría los resultados de la licitación. A pesar del retraso la evaluación de la comisión entendida en la materia había concluido sus recomendaciones. Algunas trascendidos periodísticos relataban supuestas explosiones de ira en el consorcio germánico respecto al conocimiento informal de tales conclusiones, debido a la particularidad de presentar posiciones adversas. Uno fue realizado por el ingeniero Franchino y el otro por el abogado Julio Cesar Comadira. [12]

Por esos días se realizaban las Jornadas Industriales de Bariloche, organizadas por la Unión Industrial Argentina. Allí estaba presente Francisco Macri, cabeza de Socma, poseedora de la firma Itron, que todavía parecía disputar la licitación. Pero el hábil comerciante sabía que el asesinato de José Luis Cabezas aquel verano del 97 no le jugaría a su favor. Se había descubierto que los principales accionistas de OCA eran Blanca Pérez de Alonso y Oscar Raúl Alonso, los cuñados de Yabrán. La denuncias de los entonces diputados Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro llenaban los espacios periodísticos. El ministro Carlos Corach recurrió a un plan b para esquivar el huracán mediático. La presencia circunstancial de la organización religiosa siempre habida de poder sería funcional para la ocasión.

En ese contexto -dicen todas las fuentes- Macri se reunió con Schirado, el CEO de Siemens, y comenzó a negociar la venta de Itron a la transnacional alemana, que más tarde se concretaría por una cifra que -según los informantes- sería muy superior al valor real de la integradora (...) La cuestión es que, a la hora de protestar, los socios de Macri descubrieron que estaban solos y sospecharon que se había negociado a sus espaldas. Malam depositó los 500 mil dólares que el pliego establecía como fianza para poder impugnar y presentó un explosivo escrito ante Corach. El ministro del Interior desestimó la impugnación porque la presentaba solamente una parte de la UTE, explica Bonasso.

En tal oposición, el representante de Malam en Argentina, el ingeniero Israel Lotersztain, denunció la falta de legitimidad de la preadjudicación del contrato por existir serias irregularidades en el desarrollo de la licitación, graves falencias en la resolución de la Comisión Técnica de Evaluación y un extraño proceder del ministerio del Interior que el 17 de diciembre de 1997, casi un año más tarde de la fecha de apertura de la licitación, puso en marcha un procedimiento tendiente a rescatar la oferta de la empresa Siemens, claramente descalificada, y a otorgarle un puntaje muy superior al de la UTE, ignorando todos los elementos de juicio elaborados por las distintas instituciones y técnicos convocados para la evaluación y cuya tarea fue avalada por la SIGEN, con informes alternativos...[13]

La impugnación rescató la pericia del ingeniero Juan Franchino, cuyas evaluaciones habían otorgado un mejor puntaje a la UTE. Pero que luego, según el escrito, fueron dejadas de lado por la Comisión Técnica de Evaluación basándose en las opiniones del director de Migraciones HugoFranco, el titular del Registro Nacional de las Personas, Eduado D`Amico y las el licenciado Patricio Bustos, descalificado por Malam. La integridad de Franchino deja constancia de que muchas veces las acciones de los hombres pueden transformar instituciones integristas de estructura patriarcal como la del Opus Dei. Que esa congregación impulsé a sus congregantes para ocupar espacios de poder no significa que ellos respondan ciegamente a intereses poco claros. No obstante ello el resultado de la licitación concluyó en un sínodo de sombras. En donde no se distingue el púrpura del rojo, y se allana el camino para que el Diablo meta la cola.

Barra brava nunca, sólo militante de Tacuara y del Opus Dei

Yo formo parte de un grupo de personas que colabora en distintas actividades que realiza el Opus Dei. Pertenezco a la categoría de Cooperador.
-¿Cómo colabora?
-Yo trabajo en una tarea universitaria. El año pasado se creó la Universidad Austral (...)
-¿Es cierto que la Corte beca a algunos funcionarios del Poder Judicial para que estudien en esa Universidad?
-Sí. Fue una propuesta mía.[14]

Confesó Rodolfo Barra desde una playa de Pinamar en febrero de 1992, mientras posaba para la revista Somos, luciendo un gorro-vicera bordado con arabescos en forma de B de Barra, y su infaltable pipa sumergida en una barbilla candado, a tono con su condición de magistrado. Una década más tarde hombre orquesta de Carlos Memen debía escapar con su familia por los corredores del patio de comidas del shopping Paseo Alcorta anticipando un inminente escrache con sobrecitos de salsa de tomates picante, desenfundados por decenas de ciudadanos que expresaban su repudio.

Una vez que Antonio Boggiano se atornillo bien al sillón de la Corte Suprema de Justicia, su hermano de fe y doctrina clerical, colgó la toga para profundizar otras tareas afines con el programa de gobierno menemista. Condujo el ministerio de Justicia y aconsejó a esa administración para defender los decretos que habilitaron la privatización de los aeropuertos. Asesoró a las empresas adjudicatarias y estuvo al frente del ente regulador de la actividad en las terminales de vuelo (ORSNA). Se ocupó de encontrar argumentos legales para la reelección de su jefe. Emprendió una cruzada contra el aborto y auditó las cuenta de la Alianza cuando Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Alvarez alcanzaron la presidencia.

Pero sus detractores más severos han escogido elementos del pasado vinculados a su militancia en el brazo estudiantil de Tacuara, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), sin considerar los sufrimientos de un adolescente engendrado bajo la rigurosidad marcial de un padre comisario y admirador de José López Rega.

No han tenido en cuenta el lado sensible de este hombre que a pesar de quebrantar sus mandatos religiosos fue accionista de un hotel alojamiento de procedencia familiar. Nadie observa el rostro humano de Rodolfo Barra que tuvo como colaborador a un judío mientras fue ministro y pidió disculpas por sus errores de juventud a los representantes de la DAIA.

En su metamorfosis Barra dejó de ser el Petiso de la agrupación de extrema derecha de fines de los cincuenta para abogar contra la despenalización del aborto. Hoy es un incomprendido que debe caminar por la sombra, ya sin el sombrero delator ni barba característica.

Durante los diez años en que desfiló por la función pública los medios de información dedicaron extensas páginas a su persona e, incluso, Barra llegó a tener, hasta ahora, una columna propia en uno de los diarios de mayor tiraje. También hubo cruces periodísticos de diverso tipo.

Parte de la escritura del albergue transitorio fue publicada en un artículo de Horacio Verbitsky en el que también aseguró que Rodolfo Barra estuvo implicado en un atentado contra una sinagoga. (...) un funcionario judicial que durante la presidencia del doctor Arturo Illia (1963-1966) cumplió tareas en el juzgado federal Nº 3 del doctor Jorge Aguirre, secretaría Jorge Raúl González Novillo, dijo a este diario que Barra fue detenido y conducido a ese tribunal luego de haber arrojado bombas de alquitrán contra una sinagoga de la Capital. Eran tres jóvenes y la causa se sustanció en un juzgado federal porque también dañaron un edificio vecino que pertenecía a alguna repartición nacional. [15]

Los super amigos

Como el saga animada del Salón de la Justicia, el Opus Dei debe salvar al mundo de las garras del mal. Para lograr su cometido tiene que aventurarse en terrenos ásperos repletos de variables económicas y de encrucijadas morales. Desde allí pelean por el bien desde el superhombre indestructible, linterna verde o el mono de los gemelos fantásticos. No importa su aspecto ni sus debilidades mientras cada uno de ellos cumplan con su misión en la tierra. A continuación una breve reseña de algunos superamigos del Opus Dei. Gregorio Pérez Companc, alias Goyo. Viaja en Ferrari o en su Boeing 737. No terminó el colegio secundario pero maneja una de las 500 fortunas más grandes del mundo. Según la revista Forbes ocupaba el puesto 292 hasta fines del año 2001. Su pulpo empresario se benefició con las privatizaciones de petrolero (refinería San Lorenzo), gas (Transportadora Gas del Sur) y telefonía (Telecom). Es dueño del 25 por ciento de Edesur además de otras industrias alimentarias. Vendió el Banco Río de la Plata al Santander durante la guerra financiera que la banca española mantenía con el BBV (dueño del Francés) antes del corralito. El multimillonario donó el terreno donde esta edificada la Universidad y es un cooperador destacado del Opus Dei. Pero lo más importante para la Obra es que concurre asiduamente a misa como cualquier católico devoto.

Orlando J. Ferréres también pertenecería al Opus Dei. Es graduado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y cursó el Advances Management Program de Harvard. Trabajó por más de 20 años para el Grupo Bunge & Born. Dirige una compañía que lleva su nombre dedicada a la consultoría empresarial. Es presidente de la Fundación Norte y Sur, vicepresidente del Harvard Club de Argentina, miembro promotor de la Universidad Austral. También fundó el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), cubículo neoliberal de donde saldría el ex ministro Roque Fernández y del cual participa el inefabkle Avila que dice que Kirchner es socialista.

Otro caso es el de David Halperín, un ex socio del estudio Cassagne y Asociados, que denunció a su titular por cederle honorarios del estudio de abogados en que ambos trabajaban al Patronato de la Infancia y tres instituciones vinculadas con el Opus Dei (...) La donación de cuatro millones de pesos provenía de un arbitraje que realizó ese estudio en una disputa entre Manliba y el CEAMSE. [16]

Como dice muy bien un sacerdote jesuita amigo, entre Trozzo y Trusso, nos hicieron trizas. Como se recordará Trozzo, para quien trabajó Mariano Grondona, era otro miembro del Opus Dei que llevó a la quiebra al Banco de Intercambio Regional (BIR), a comienzos de los años ochenta. Ahora está en México, y enseña ética. Estas son algunas andanzas de miembros del Opus Dei.

Para más datos se puede leer: Opus Dei. El totalitarisnmo católico (Integrismo y progresismo cristiano), por Emilio J. Corbiére, Editorial Grupo Sudamericana, Buenos Aires, 2002.


NOTAS:

  1. Sergio Rubin, Los políticos que abrevan en el Opus Dei rompen un viejo mito, diario Clarín, Buenos Aires, 8 de julio de 2001.
  2. Jorge Lanata, Locomotoras, diario Página/12, Buenos Aires, 15 de julio de 1994, pág. 6
  3. Emilio J. Corbière, Béliz conformó su elenco con preeminencia del Opus Dei, diario El Cronista, Buenos Aires, 28 de diciembre de 1992, pág. 11
  4. Frigerio acusó a Béliz de recibir dinero de los Trusso, diario La Nación, Buenos Aires, 9 de octubre de 1997; Embestida de Frigerio, diario La Nación, Buenos Aires, 16 de octubre de 1997 y Denuncias contra Béliz, diario La Nación, Buenos Aires,12 de noviembre de 1997
  5. Maximiliano Seitz, Quarracino niega lazos con el banco, diario La Nación, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1997.
  6. La logia criminal PDOS, liderada por Licio Gelli, fue expulsada y repudiada por la masonería mundial. Por tanto sobra aclarar que Suárez Mason de masón no tuvo nada, aunque el silencio de radio que guardaron algunos de sus dirigentes durante la dictadura militar haya sido bochornoso. Sin embargo, el Opus Dei y la Masonería parecen bailar un eterno minué en un tablero de ajedrez donde el Opus siempre tiene las piezas blancas. Inspirado en el secreto divino y bancario, el Opus acaba de consagrar a su rey y jefe con la santificación. La masonería, en cambio, dedicada a lo místico y filosófico se parece mas a los siete samurais de Akira Kurosawa. Con solo comparar el volumen patrimonial administrado por ambas partes puede observarse el desequilibrio de fuerzas. Investigar sobre el origen de las riquezas del de las sociedades auxiliares del Opus Dei y la existencia de eventuales hombres de paja es un buen comienzo para dar cuenta de tal diferencia.
  7. Javier Navarrete Ibáñez, Un monseñor y 14 directivos cerca de la condena, diario Hoy, La Plata, 29 de marzo de 2001.
  8. Horacio Verbitsky, La Caja, Página/12, 9 de setiembre de 2001.
  9. Los últimos escándalos bancarios, diario La Nación, Buenos Aires, 15 de mayo de 1998.
  10. Miguel Bonasso, Un negocio con diferentes identidades, diario Página/12, Buenos Aires, 1 de marzo de 2000.
  11. Horacio Verbitsky, Orden de zarpar, diario Página/12, Buenos Aires, 1 de noviembre de 1998.
  12. Fernando Lascano, En el campo empresario. Jornada tras jornada, La Nación, Buenos Aires, 20 de septiembre de 1997.
  13. ob. cit.
  14. Pirulo de tapa, Opus, Página/12, 18 de enero de 1992; y Marcela Luza, Justicia en barra, Somos, Buenos Aires, 20 de enero de 1992.
  15. Horacio Verbitsky, Amor y Odio, Página/12, Buenos Aires, 7 de julio de 1996, págs. 2 y 3.
  16. El presidente de Metrogas fue procesado por defraudación, diario La Nación, Buenos Aires, 1 de junio de 1997.